El progreso es la defensa de la vida

Hace ya un año, los ciudadanos nos enteramos por los medios de comunicación, que todas las farmacias de España empezaban a dispensar sin receta médica, la píldora del día después. En Andalucía, ya se venía administrando desde hacía algún tiempo. También entonces estaba en trámite la ley que legaliza en la práctica el aborto libre, y que hoy es ya una ley aprobada por el Congreso de los Diputados, la mal denominada Ley de salud reproductiva sexual.

Ante estas medidas puestas en marcha por el Gobierno del Presidente Zapatero, la Fundación Libertad y Persona, comprometida con la difusión de los valores del humanismo cristiano, no podía dejar pasar la ocasión para hacer una reflexión sobre temas que entendemos de capital importancia para la configuración de una sociedad más justa, más solidaria, preocupados por el bienestar de los ciudadanos y por el bien común.

La Fundación Libertad y Persona hace una apuesta inequívoca por la cultura de la vida, por la libertad, y por los derechos de la mujer.

Si vulneramos el derecho más importante que es “el de la vida”; no existirá la posibilidad de proteger lo demás derechos; sin vida, el resto de los derechos fundamentales no son más que un proyecto y no una realidad. El concepto de inviolabilidad de la vida, de su valor absoluto por encima de cualquier circunstancia, no es un concepto exclusivo de tipo religioso, dogmático o ideológico; es una conquista del ser humano, que con la declaración universal de los derechos del hombre, pone en primer plano el respeto a la vida y la libertad, los dos bienes más preciados del mismo. No es pues la defensa de la vida, más que una cuestión de sentido común para el hombre de nuestro tiempo, al margen de la pertenencia a partido, religión o grupo.

La vida ha de ser respetada desde el primer segundo de su concepción, pues su valor absoluto no permite periodos intermedios de interrupción de su valor inviolable. Ningún ser humano puede arrogarse el poder de decidir si otro ser humano puede nacer o no. Tampoco puede decidir si una vida tiene más valor que otra.

En España, hoy, hasta la entrada en vigor de esta ley, no existía el aborto libre, de derecho, aunque sí de hecho. El aborto no es un derecho por más que haya sido promulgado por una ley. Hasta ahora la ley que despenalizaba el aborto lo hacía sólo en determinados supuestos. Con esta ley, llamada de plazos, se abre la puerta al aborto libre, no sólo hasta las 14 semanas, sino en determinados supuestos, hasta poco antes de la gestación, sometido a diversos controles, que como hemos comprobado en estas últimas 2 décadas, no han funcionado tampoco en los supuestos de despenalización; la cifra anual de abortos no suele bajar en los últimos años de los cien mil.

No es un derecho de la mujer ni una conquista social; es más bien un fracaso, de la sociedad en su conjunto. Es absurdo pensar que en un país moderno y en una potencia económica mundial como la nuestra, no haya salidas para evitar este fracaso. Por ello, es urgente e indispensable que los poderes públicos trabajen para minimizar ese fracaso, haciendo verdaderas políticas de apoyo a la mujer, de apoyo a las familias.

Llaman a la ley del aborto de forma equívoca, derecho a la salud reproductiva, cuando ésta debe proporcionar a la mujer todos los medios para que su embarazo no sea un obstáculo; medios económicos, de atención psicológica, de conciliación de la vida laboral y familiar, de información de las secuelas irreversibles que produce el aborto. Esto sí sería apoyar los derechos de la mujer, por encima de otras consideraciones.

Hemos de reconocer expresamente la labor callada de diversas asociaciones de apoyo a la mujer con embarazos imprevistos y con dificultades, que luchan cada día por los derechos de la mujer y de los más indefensos, los no nacidos.

En esta misma línea nos parece una grave irresponsabilidad que la píldora del día después (PDD) a pesar de la potente carga hormonal que contiene, y a las secuelas que produce su abuso, sea administrada en la actualidad sin receta médica y sin la información suficiente de los riesgos graves para la salud. Esto ha levantado ya numerosas protestas de los colectivos implicados: médicos, farmacéuticos, padres y madres de familia, que ven como una menor puede conseguirla sin conocimiento y asesoramiento de sus padres que son los primeros responsables de su salud y educación.

Rechazamos cualquier intento de reingeniería social que lleve a una sociedad moderna como la española, a una situación en la que no sea el bien común, y el bienestar de los ciudadanos, el primero de sus objetivos. Queremos una sociedad que apoye y favorezca los derechos a la vida, a la libertad y a la felicidad y bienestar de sus ciudadanos, una sociedad que apoye abiertamente a la mujer, que le reconozca su papel en la sociedad, y que le proporcione los instrumentos para esa efectiva igualdad. Queremos que se llamen a las cosas por su nombre, pues aborto no es interrupción voluntaria del embarazo. Aquello que se interrumpe tiene vocación de continuar más adelante; con el aborto se acaba con una vida de forma definitiva y sin vuelta atrás.

Solicitamos del Gobierno la retirada de la ley y su derogación, y que se abra un debate con todas las garantías, con igualdad de oportunidades, y en sede parlamentaria, ya que esta ley, provocará daños irreparables a nuestra sociedad. Se ha dicho certeramente que “Una sociedad que no asegura la vida de los no nacidos es una sociedad que vive en una seria violencia interna”. Uno de los pensadores españoles más brillantes del siglo XX, el filósofo Julián Marías afirmó: “La aceptación social del aborto es, sin excepción, lo más grave que ha acontecido” en el siglo XX”. Y en el XXI vamos camino de ello.